Se podría determinar que, si es un proceso de
privatización ya que hay países como Guatemala, que no cuenta con la capacidad
de administrar y abastecer por cuenta pública, determinados servicios, por
ende, se cede el derecho al sector privado para que suministre al sector
público algún servicio como un contrato de Construcción, Operación de una
planta de tratamiento de aguas residuales, producción y distribución de
energía, agua y alcantarillados, hospitales, escuelas, estadios, carreteras,
prisiones, control aéreo, etc.
Es preciso tener en cuenta que las APP ofrecen una vía
para aumentar la inversión en infraestructura, siempre que estén estructuradas
adecuadamente. Aunque son un vehículo cada vez más difundido para el suministro
de obras y servicios públicos, no constituyen una panacea, y se debe garantizar
que esas asociaciones se establezcan por los motivos correctos y no para
trasladar el gasto fuera del presupuesto y la deuda fuera.
Una regulación de los proyectos APP requerirá un marco
normativo que asigne responsabilidades y brinde seguridad jurídica a los
inversionistas, y que entre otros aspectos incluya más transparencia e
imparcialidad en los ajustes de contrato, una mejor definición de los riesgos
que por ley deben ser aportados por el Estado, criterios técnicos para otorgar
licitaciones, y el establecimiento de mecanismos alternos de resolución de
conflictos, tales como arbitrajes.
1. Identificación de proyectos. El punto de partida, para identificar una potencial APP es identificar un proyecto de inversión pública prioritario. Muchos gobiernos tienen procesos y metodologías bien definidos para la planificación de la inversión pública, que puede extenderse desde presentar las estrategias del sector o de infraestructura, estimar opciones de proyectos para cumplir con los objetivos, realizar análisis detallados de viabilidad y costo-beneficio, hasta priorización de proyectos en el marco de un plan general de inversión pública o de los límites fiscales.
En algún momento del proceso de reforma del sector, los proyectos pueden revisarse para determinar su potencial para implementarse como una APP. El objetivo de esta revisión es identificar, a partir de la información disponible, si el proyecto puede ofrecer el mejor valor si se llevara a cabo como una APP.
2. Evaluación de proyectos. Al momento de decidir si se emprenderá un proyecto de APP, los gobiernos deben estimar si la APP significa un buen uso de los recursos. La evaluación de la APP generalmente se vuelve a revisar en etapas posteriores. En particular, los costos finales no se conocen hasta que se completa la contratación, cuando el Gobierno debe tomar la decisión final de firmar el contrato. Muchos gobiernos requieren evaluaciones y aprobaciones posteriores en esta etapa.
3. Estructuración de proyectos. En esta fase se debe asignar responsabilidades, derechos y riesgos a cada una de las partes del contrato. El primer paso es desarrollar el concepto inicial del proyecto en términos comerciales clave, es decir, un esquema de los productos necesarios, las responsabilidades y riesgos asumidos por cada una de las partes y cómo se pagará a la parte privada. Los términos comerciales clave generalmente se detallan lo suficiente como para permitir a los profesionales evaluar la APP propuesta, antes de asignar los recursos necesarios para desarrollar el borrador del contrato de forma detallada.
4. Diseño de contratos. Se encuentra en el centro de la asociación y define la relación entre las dos partes, sus responsabilidades y derecho respectivo, asigna riesgos y proporciona los mecanismo para manejar los cambios. El diseño detallado del contrato requiere mucho tiempo y recursos, con frecuencia, se requiere la aprobación antes de embarcarse en el diseño detallado y en la inversión de estos recursos.
El borrador del contrato de APP suele incluirse en la Solicitud de Propuestas enviada a los licitantes potenciales. Un contrato bien diseñado es claro, completo y crea certidumbre para las partes contratantes. Como las APP son de largo plazo, arriesgadas y complejas, los contratos son necesariamente incompletos, es decir, no pueden especificar a cabalidad lo que debe hacerse en todos los futuros estados del mundo. Esto significa que los contratos deben incluir flexibilidad para permitir que, en lo posible, las circunstancias cambiantes sean resueltas dentro del contrato, en lugar de dar lugar a una renegociación o terminación.
5. Administración de transacciones. El Gobierno selecciona la parte privada que implementará la APP.
• Decisión sobre una estrategia de adquisiciones, incluido el proceso y los criterios para seleccionar el contratista.
